“Hay una nación con proyecto y rumbo”. Esta es la sentencia que pareciera querer dejar grabada en la mente de mexicanas y mexicanos el Tercer Informe presidencial. En el do – cumento se destacan las acciones de gobierno en materia de seguridad, política social, la reforma educativa, política internacional y la política de crecimiento económico del país. En relación con este último eje, el titular del Poder Ejecutivo señaló que, en concordancia con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, para su administración era de vital importancia “el crecimiento sostenido de la productividad en un clima de estabilidad económica y mediante la generación de igualdad de oportunidades […] para combatir la desigualdad, en la primera mitad de este gobierno, logramos las reformas necesarias para impulsar la economía y crear más empleos, porque solo con crecimiento económico se puede dejar atrás la pobreza y la desigualdad”.

Al respecto, en el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos nos preguntamos cuáles han sido los avances en torno al derecho al trabajo a mitad del sexenio.

El Informe presenta como logros relacionados con el derecho a un trabajo digno las si – guientes acciones:

• Estabilidad de precios y crecimiento del empleo formal.

• La creación de un millón 424 mil nuevos puestos de trabajo.

• Más de un millón de trabajadores informales entraron a la economía formal.

• Apoyos a emprendedores.

Sin embargo, desde la perspectiva del Observatorio y basados en cifras del INEGI se debe considerar que, a pesar de que un millón de trabajadores se incorporó a la economía formal, ésta resulta una cifra menor e insuficiente si se considera que en 2012, 6 de cada 10 mexicanos se encontraban en la economía informal y durante los tres años de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto estas cifras no han tenido una variación significativa pues mientras que en 2012 el número de mexicanos con un empleo informal llegó a 29 millones 271 mil y representaba el 60.1 por ciento de la población ocupada, al primer semestre de 2015 esta cifra disminuyó solo a 28.7 millones y representó el 57.6 por ciento de la población ocupada1 , es decir, que en tres años la disminución de este sector solo ha sido de 0.5%.

A lo anterior se suma el hecho de que la mayor cantidad de empleos que se están generando en el país se encuentran ubicados en el rango más bajo de percepción de salarios y a que, de acuerdo a información dada a conocer por el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP)2 , se ha precarizado el ingreso de las familias por la generación de empleos con salarios cada vez más bajos, a lo cual habría que sumar que la tendencia a generar empleos con salarios inferiores a dos salarios mínimos irá en crecimiento.

En el Tercer Informe de Gobierno también informan que se han tomado otras medidas para buscar mejores condiciones laborales para los mexicanos, entre las que se encuentran los operativos “México con Trabajo Digno”, los cuales a partir de 2015 buscan “promover el respeto, protección y garantía de los derechos humanos de los trabajadores, así como la vigencia plena del trabajo digno y socialmente útil”. Algunas de las acciones de estos operativos se refieren a imponer restricciones de acceso y/o limitación de operaciones por poner en riesgo la vida o integridad de los trabajadores (38 casos), así como sanciones económicas que ascendieron a más de 279 millones de pesos. También se hicieron visitas de inspección para supervisar que los trabajadores se encuentren afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social. Se efectuaron jornadas de promoción de igualdad la – boral y se atendió a 9,680 personas, en situación de vulnerabilidad, de las cuales 6,092 (62.9%) fueron mujeres y 3,588 (37.1%), hombres.

Desde la perspectiva del Observatorio, toda acción de gobierno que busque mejorar la cali – dad de vida de sus trabajadores debiera ser bien recibida, pero con una coyuntura tan compleja como la que atravesamos es inevitable detenerse a cuestionar el escaso número de trabajadores que han alcanzado, así como su incidencia real en las condiciones laborales de los mexicanos. ¿La estrategia nacional de promoción de respeto a los derechos humanos de los trabajadores se limita solo a operativos de inspección en sus centros de trabajo?

Por ello resulta urgente atender uno de los problemas de fondo: la disminución del poder adquisitivo de los trabajadores. El ingreso de las familias es bajo y ha disminuido desde 1992 hasta ahora.

En el proceso de revisión de salarios se resolvió incrementar el salario mínimo del área geográfica B en 1.83 pesos diarios durante el mes de abril del presente año y a partir de octubre de 2015 se llegará a un solo salario mínimo general de 70.10 pesos diarios, medida con la cual pronto será eliminada la diferencia entre el salario de ambas áreas geográ- ficas. Esto no significa de ninguna manera una recuperación real del poder adquisitivo ni disminuye las condiciones de desigualdad.

Hoy es un hecho que la reducción en el ingreso por hogar fue un factor en el incremento de la pobreza, según informó el Coneval en los “Resultados de la Medición de Pobreza 2014”3 . Como se señala también en la investigación de Oxfam México “Desigualdad extrema en México: Concentración del Poder Económico y Político” de la autoría de Gerardo Esquivel4 “Más allá de su efecto en el aumento de la desigualdad, la política de salarios mínimos que se ha mantenido hasta la fecha aún impacta la vida de las personas. Uno de los aspectos más duros es que el nivel actual del salario mínimo en México se encuentra por debajo de la línea de bienestar o de pobreza, y no sólo eso, sino por debajo también del doble de la línea de bienestar mínimo o de pobreza extrema.

En palabras reales: un mexicano que trabaja una jornada formal completa y que percibe el salario mínimo sigue siendo pobre. Si con ese ingreso ha de mantener a un miembro más de su familia, a ambos se les considera pobres extremos. El salario no está ni cerca de ser suficiente para adquirir una canasta básica que les provea de los nutrientes mínimos indispensables para llevar una vida saludable”.

De acuerdo con cifras del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2014 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)5 , en 2008 las personas con ingreso inferior a la línea de bienestar económico representaban 49 por ciento de la población total, mientras que en 2012 fueron 51.6, es decir, que hubo un retroceso.

Existen diversos programas diseñados para incrementar la productividad y fomentar el empleo de determinados sectores, pero lo cierto es que los alcances de dichos programas han sido limitados y no han cumplido con su objetivo. En este sentido el rezago en materia de derecho al trabajo sigue siendo un reto muy importante para la política económica que debe vincularse de manera urgente con la política social.

El incremento sostenido de los ingresos deberá provenir de muy diversas acciones de gobierno que habrán de contemplar variables económicas importantes como el empleo, los salarios, la productividad, la inversión y la estabilidad de los precios. En este sentido, la discusión sobre los cambios al salario mínimo ya no debe esperar más. Las medidas también deberán estar enfocadas en fortalecer al sector rural, de manera que se garantice que los pequeños productores puedan comercializar sus productos y competir en condiciones de igualdad con otros productores.

La mejor alternativa para implementar una estrategia que permita mejorar el ingreso de las familias es la generación de empleos de calidad con salarios justos y adecuados para mantener un nivel de vida digno. Esto tendría un primer efecto positivo mejorando y fortaleciendo la capacidad de compra de los trabajadores, lo cual a su vez fortalecería el mercado interno, detonando el tan anhelado crecimiento económico sostenible.

En el marco de todos estos retos, el Poder Ejecutivo no debe perder de vista que el desafío es transitar hacia el ejercicio y goce efectivo de todos los derechos humanos, incluidos por supuesto el derecho al trabajo, acorde con las características enmarcadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los diversos tratados internacionales signados por nuestro país.

VER “RESULTADOS DE LA ENCUESTA NACIONAL DE OCUPACIÓN Y EMPLEO”, PÁG. 9. HTTP://WWW.INEGI.ORG.MX/SALADEPRENSA/BOLETINES/2015/ENOE_IE/ENOE_IE2015_05.PDF 2 VER “ANÁLISIS ECONÓMICO EJECUTIVO”. HTTP://WWW.MARCOMARES.COM.MX/?P=61598 3 VER CONEVAL: HTTP://WWW.CONEVAL.GOB.MX/SALAPRENSA/DOCUMENTS/COMUNICADO005_MEDICION_POBREZA_2014.PDF 4 VER “DESIGUALDAD EXTREMA EN MÉXICO: CONCENTRACIÓN DEL PODER ECONÓMICO Y POLÍTICO”. HTTP://WWW.OXFAMMEXICO.ORG/DESIGUALDAD-EXTREMA-EN-MEXICO-CONCENTRACION-DEL-PODER-ECONOMICO-YPOLITICO/#.VFFEBBF_OKO 5 VER CONEVAL, HTTP://WWW.CONEVAL.GOB.MX/EVALUACION/DOCUMENTS/COMUNICADO_IEPDS_2014.PDF

Esta nota fue publicada originalmente en Congresistas  http://www.congresistas.com.mx/