La seguridad social es un derecho humano que se encuentra establecido en el artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), en el Artículo 22 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH) y en el Artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define este derecho como

“(…) la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes del trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia”.1

A pesar del reconocimiento constitucional de este derecho en nuestro país, según el CONEVAL la seguridad social es la carencia que históricamente ha registrado mayores porcentajes de población (de entre las carencias contempladas en la medición multidimensional de la pobreza).

En América Latina y el Caribe, la OIT estima que al menos 61.4 por ciento de las personas poseen acceso al menos a una prestación de protección social, aunque en México la cifra se reduce al 50.3 por ciento, por debajo de países como Uruguay, Costa Rica, Chile, Argentina y Brasil2, etc.

El mismo documento de la OIT da un informe del gasto en protección social de los países en esta región (el porcentaje incluye gasto en salud), México reporta un gasto del 12 por ciento del PIB, en comparación, países como Costa Rica, Colombia y Chile reportan un gasto mayor, de 13.6 por ciento, 14.1 por ciento y 15.3 por ciento respectivamente.

Frente a estos datos nada alentadores es necesaria la creación de un sistema de protección social universal, para que este derecho no esté condicionado al régimen de contratación laboral, además es imperativo un análisis a fondo de los programas de apoyo a la protección social existentes, pues estos no responden a una estrategia integral.

Así mismo es importante reconocer las dificultades de acceso a la seguridad social de grupos específicos, como los trabajadores que se encuentran en la informalidad (en México la tasa de informalidad laboral es del 56.65), aquellos que realizan trabajo doméstico remunerado, adultos mayores, personas con discapacidad, etc.

1 OIT, Hechos concretos sobre la seguridad social, Ginebra, 2003. Disponible en:  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_067592.pdf

2 OIT, Informe Mundial sobre la protección social, 2017- 2019. Disponible en: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/—dgreports/—dcomm/documents/publication/wcms_624890.pdf

Nota originalmente publicada en Mexican Times; http://themexicantimes.mx/apuntes-sobre-el-derecho-a-la-seguridad-social-en-mexico/