Derecho a la alimentación y al trabajo en la Constitución de la CDMX

Estamos frente al proceso de elección de una Asamblea Constituyente para la Ciudad de México que tendrá en sus manos la elaboración de la nueva Constitución para esta nuestra ciudad.

Desde el observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C., te compartimos la segunda de una serie de notas que contendrán los que consideramos son puntos básicos de los derechos económicos, sociales, culturales y abbientales (DESCA) que deben ser considerados en la nueva Constitución.

Recordamos que estos derechos son interdependientes, indivisibles, progresivos, inalienables, imprescriptibles, universales, al igual que todos los derechos humanos.

El derecho a la Alimentación se encuentra determinado en el artículo 4 de la Constitución política de los Estados unidos Mexicanos (CPEuM), la cual establece que Toda persona tiene derecho a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad. A su vez se encuentra en el artículo 25 de la Declaración universal de Derechos Humanos, artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales y en el artículo 12 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” que dice que: “Toda persona tiene derecho a una nutrición adecuada que le asegure la posibilidad de gozar del más alto nivel de desarrollo físico, emocional e intelectual”.

Además, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones unidas (Comité DESC, 1999) ha dado una definición más específica sobre el derecho en la cual señala que “El derecho a la alimentación adecuada se ejerce cuando todo hombre, mujer o niño, ya sea solo o en común con otros, tiene acceso físico y económico, en todo momento, a la alimentación adecuada o a medios para obtenerla” y comprende “la disponibilidad de alimentos en cantidad y calidad suficientes para satisfacer las necesidades alimentarias de los individuos, sin sustancias nocivas, y aceptables para una cultura determinada; la accesibilidad de esos alimentos en formas que sean sostenibles y que no dificulten el goce de otros derechos humanos”.

Apelando a los estándares más altos en relación con el derecho a la alimentación, debemos mencionar que la construcción del significado y alcance del mismo por parte del Comité DESC se ha dado en forma paralela al concepto de seguridad alimentaria, desarrollado mayoritariamente por la organización de las Naciones unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

los siguientes son los elementos del derecho a la alimentación, mismos que están interrelacionados:

• Disponibilidad. Posibilidades que tienen las personas de alimentarse ya sea directamente o mediante la existencia de sistemas de distribución y comercialización adecuados.

• Accesibilidad. Este elemento se divide en accesibilidad económica y física, en el primer rubro encontramos los costos financieros relacionados con la adquisición de alimentos necesarios para tener una alimentación adecuada o, en dado caso, los costos para la producción de estos. En cuanto a la accesibilidad física se trata de asegurar que los medios por los cuales se obtienen los alimentos se encuentren al alcance de todas las personas.

• Aceptabilidad. Este elemento se divide en adecuación y respeto a las culturas, sobre el primero, los alimentos deben ser adecuados para las condiciones sociales, económicas, culturales, climáticas y ecológicas, y respeto a las culturas se refiere a la necesidad de tomar en cuenta los valores no relacionados con la nutrición que se asocian al consumo de alimentos.

• Calidad. Tiene como sub-elementos: calidad nutricional e inocuidad, es decir por un lado satisfacer las necesidades fisiológicas humanas, y por otro que los alimentos se encuentren libres de contaminación que ponga en peligro la salud de quienes los consuman.

• Sustentabilidad. Tiene como finalidad asegurar la disponibilidad y acceso a los alimentos para actuales y futuras generaciones.

Otro derecho que forma parte de los DESCA y que tendrá que estar incluido en la Constitución es el derecho al trabajo. En el marco de la CPEUM el derecho a elegir el trabajo se encuentra garantizado en el artículo 5 y el derecho al trabajo digno y socialmente útil en el artículo 123 dicho ordenamiento. A nivel internacional se encuentra reconocido en el artículo 23 de la Declaración universal de los Derechos Humanos, el artículo 6 Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y en el artículo 6 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”.

la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que: Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.

Los elementos prioritarios del derecho al trabajo son:

• Disponibilidad. El Estado debe contar con servicios especiales para ayudar a las personas a identificar y acceder a un empleo.

• Accesibilidad. Este punto se refiere a eliminar cualquier discriminación en el acceso al trabajo, garantizar el acceso físico, así como al derecho a obtener, procurar y difundir información sobre los medios para obtener acceso a empleo, como son el establecimiento de redes de información sobre el mercado de trabajo.

• Aceptabilidad y calidad. Ser refiere a la existencia de condiciones justas, favorables y seguras de trabajo, así como el derecho a formar sindicatos y a elegir y aceptar libremente empleo.

Además de lo anterior, el Estado tiene las siguientes obligaciones jurídicas respecto al derecho al trabajo:

Respetar Esto quiere decir, la prohibición del trabajo forzoso, absteniéndose de limitar el acceso igualitario al trabajo digno a todas las personas, sobre todo a personas y grupos desfavorecidos.

Proteger El Estado debe aprobar la legislación o tomar las medidas necesarias para garantizar igual acceso al trabajo y capacitación, así como garantizar que las medidas de privatización no socaven los derechos de los trabajadores.

Aplicar (proporcionar) El Estado debe proporcionar el derecho al trabajo a aquellas personas o grupos que por razones que escapan a su control no pueden realizarlo por sí mismas y con los medios de que disponen. Implica, además, adoptar medidas para la creación de servicios de empleo y la aplicación de planes para luchar contra el desempleo. Aplicar (facilitar). Se exige a los Estados la adopción de medidas positivas para permitir el disfrute del derecho al trabajo, y aplicar planes de enseñanza técnica y profesional para facilitar el acceso al empleo.

Aplicar (promover) Implica que el Estado emprenda, por ejemplo, programas educativos e informativos para crear concienciación pública sobre el derecho al trabajo.

Desde el observatorio de Política Social y Derechos Humanos, estaremos vigilantes de que nuestra nueva Constitución incluya los estándares más altos respecto a estos derechos básicos para acceder a una vida digna.

Nota publicada originalmente en Congresistas 

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