Derecho humano al agua, al saneamiento y a un medio ambiente sano en la Constitución de la CDMX

Nos encontramos a pocos meses de que se lleve a cabo el proceso de elección de una Asamblea Constituyente para la Ciudad de México que tendrá en sus manos la elaboración de la nueva Constitución para nuestra ciudad.

Desde el observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDe Social A.C., compartimos la tercera parte de una serie de notas que contendrán lo que consideramos son puntos básicos de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DeSCA) y que deben ser considerados en la nueva Constitución.

Recordamos que estos derechos son interdependientes, indivisibles, progresivos, inalienables, imprescriptibles, universales, al igual que todos los derechos humanos.

en esta ocasión hablaremos de dos derechos prioritarios para el entorno urbano, cuya realización y ejercicio es corresponsabilidad de todos los que habitamos y transitamos por la Ciudad de México y que implican grandes retos para nuestra metrópoli de urgente resolución: el derecho a un medio ambiente sano, el derecho al agua y al saneamiento.

el derecho a un medio ambiente sano se encuentra regulado a nivel internacional por el art. 12° del Pacto Internacional de Derechos económicos, Sociales y Culturales (PIDeSC), las observaciones generales 14 y 15 del Comité DeSC, el protocolo de Kyoto entre otros.

El artículo 11° del Protocolo Adicional a la Convención Americana, “Protocolo de San Salvador”, establece que “toda persona tiene derecho a vivir en un medio ambiente sano y a contar con servicios públicos básicos”.

A nivel nacional, se encuentra establecido en el artículo 4° de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, el cual establece que “toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano para su desarrollo y bienestar. el estado garantizará el respeto a este derecho. el daño y deterioro ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque en términos de lo dispuesto por la ley”.

En el marco de la Constitución de la Ciudad de México los planteamientos en torno al medio ambiente requieren reflexiones profundas y compromisos urgentes del estado y los particulares, las contingencias ambientales que hemos vivido en estos últimos meses en la ciudad son la mejor prueba de que es necesario cambiar el rumbo para poder seguir habitándola. el derecho a un medio ambiente sano en este contexto urbano tiene que hacer referencia a la calidad del aire que respiramos y a la obligación que tenemos todas las personas y autoridades de contribuir en ello desarrollando nuevas estrategias de movilidad.

otros derechos que forman parte de los DeSCA y que tendrán que estar incluidos en la Constitución son el derecho humano al agua y al saneamiento.

De acuerdo a la observación General número 15 del Comité de Derechos económicos, Sociales y Culturales, “el derecho humano al agua es el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, aceptable, accesible y asequible para el uso personal y doméstico”.

Además, el artículo 4° de nuestra Carta Magna establece que “toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible,” y pone de manifiesto la responsabilidad del estado de garantizarlos.

Los elementos prioritarios de estos derechos son:

• Disponibilidad, esto quiere decir que el suministro de agua debe ser continuo y suficiente para que las personas cubran sus necesidades de uso personal y doméstico; es decir tanto de consumo como de saneamiento, la organización Mundial de la Salud determina que cada persona necesita al día entre 50 y 100 litros de agua para cubrir sus necesidades básicas y no amenazar la preservación de la salud;

• Calidad, se refiere a que el agua debe estar libre de microorganismos o sustancias que puedan significar una amenaza a la salud.

Accesibilidad, en los aspectos siguientes:

• Accesibilidad física: que significa que el agua debe estar disponible para todas las personas, sin discriminación, a una distancia razonable, para cuyo abasto no se ha de tener que esperar más de 30 minutos por cada 20 litros, ni exponer la seguridad personal;

• Accesibilidad económica: implica que el costo directo e indirecto por el agua no debe ser excesivo de tal manera que comprometa la posibilidad de las personas para ejercer sus otros derechos.

• Acceso a la información en materia de agua y a participar en la toma de decisiones: significa contar con acceso pleno e igualitario para solicitar, recibir y difundir información relativa al agua que esté en manos de la autoridad o de terceros; de la misma manera, las personas y los grupos deben poder tomar parte en los procesos de decisión que puedan tener efecto sobre el ejercicio de su derecho humano al agua;

Como se señala en la Carta por el Derecho a la Ciudad, la aspiración es contar con un manejo sustentable y responsable de los bienes naturales, patrimoniales y energéticos de la ciudad y su entorno, que permitan que las personas, comunidades y pueblos se desarrollen en igualdad de condiciones.

Nuestra Constitución debería apuntar a atender al menos los siguientes aspectos que ubicamos como principales retos en torno a estos derechos: lograr la corresponsabilidad en el cuidado del medio ambiente y el uso de los recursos naturales de la ciudad, evitar el desperdicio y la contaminación, garantizar un reparto equitativo del agua, garantizar la propiedad y administración pública del agua y la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre este recurso, impedir la proliferación de industrias basadas en un alto consumo de agua, garantizar el saneamiento, el aprovechamiento del agua pluvial y el tratamiento de aguas negras (mismo que no debe privatizarse).

Los retos son muchos, pero en ello va la viabilidad de la Ciudad de México.

Nota publicada originalmente en Congresistas 

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