El derecho a la salud y el derecho a la educación en la Constitución de la Ciudad de México

Como todos sabemos, nos encontramos ante el proceso de creación de una Asamblea Constituyente para la Ciudad de México que tendrá en sus manos la elaboración de la nueva Constitución para esta nuestra ciudad. En ese marco, es importante tener presente cuáles son los contenidos insoslayables de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA), los cuales –como debemos recordar–, son interdependientes, indivisibles, progresivos, inalienables, imprescriptibles, universales, integrales e irrenunciables al igual que todos los derechos humanos y, por tanto, se encuentran en el mismo nivel de importancia que los derechos civiles y políticos.

Desde el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos de INCIDE Social A.C., presentaremos en esta y algunas otras entregas, los que consideramos son contenidos básicos de los DESCA que deben ser considerados en la nueva constitución. En esta ocasión abordaremos el derecho a la salud y el derecho a la educación.

Acorde con el principio pro persona, garantizado en el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM), todas las normas de derechos humanos se deberán interpretar de manera que favorezcan la mayor protección para la persona. Es así que la aplicación de los derechos humanos debe darse de conformidad con los estándares más altos adoptados mediante la suscripción de instrumentos internacionales tanto del sistema interamericano (Organización de los Estados Americanos) como del sistema universal (Organización de las Naciones Unidas).

El derecho a la salud, garantizado en el artículo 4 de la CPEUM es contemplado en el artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XI de la Declaración Ame – ricana de los Derechos y Deberes del Hombre y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”.

Dichos ordenamientos consideran el derecho a la salud como el disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y social.

Además de la definición de salud de la Organización Mundial de la Salud como “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente como ausencia de afecciones o enfermedades”, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales toma en cuenta una amplia gama de factores socioeconómicos relacionados a la posibilidad de llevar una vida sana, y hace extensivo al derecho a factores determinantes de la salud como alimentación, nutrición, vivienda, acceso a agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas; condiciones de trabajo seguras y sanas, así como un medio ambiente sano. Otro aspecto importante es la participación de la población en la toma de decisiones acerca de salud en el plano comunitario, nacional e internacional.

La Observación General N° 14 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la Organización de las Naciones Unidas, indica que el derecho a la salud se compone de libertades y derechos. Entre las libertades está el derecho de las personas a controlar su salud y su cuerpo, lo que incluye la libertad sexual y genésica; el derecho a no padecer injerencias, a no ser sometido a torturas ni tratamientos, así como a experimentos médicos sin consentimiento. Entre los derechos está el acceso sin discriminación a un sistema de salud que otorgue a toda persona oportunidades para disfrutar del más alto nivel posible de salud. Explica el Comité DESC que el derecho a la salud no es “un derecho a estar sano”. El Estado no puede brindar protección contra todas las posibles causas de mala salud de las personas como factores genéticos, propensiones individuales a alguna afección o estilos de vida poco saludables tienen un papel importante en la salud de las personas, por lo cual el derecho a la salud está más bien relacionado con que las personas puedan contar con una gama de facilidades, bienes, servicios y condiciones para que alcancen el más alto nivel de salud posible.

Los siguientes son los elementos del derecho a la salud, mismos que están interrelacionados:

• Disponibilidad. Se refiere a un suficiente número de establecimientos, bienes, servicios públicos de salud y centros de atención, así como de programas. Estos servicios deben incluir factores básicos determinantes de la salud: agua limpia potable y condiciones sanitarias adecuadas, hospitales, clínicas, personal médico capacitado bien remunerado y medicamentos esenciales que ha definido la OMS.

• Accesibilidad. Los establecimientos, bienes y servicios deben ser accesibles a todos sin discriminación, física y económicamente; también se refiere al acceso a la información acerca de las cuestiones relacionadas con la salud.

• Aceptabilidad. Todos los establecimientos, bienes y servicios de salud deben ser respetuosos de la cultura de las personas, así como respetuosos de la ética médica; concebidos para respetar la confidencialidad y mejorar el estado de salud de las personas.

• Calidad. Los establecimientos, bienes y servicios de salud deberán ser científica y médicamente apropiados.

El derecho a la educación, estipulado en el articulo 3 de la CPEUM basa su contenido en el artículo 26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 13 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, XII de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, 13 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de derechos económicos, sociales y culturales “Protocolo de San Salvador”.

Acorde con estos ordenamientos, el derecho a la educación debe tener por objeto el pleno desarrollo de la personalidad, debe ser gratuita al menos en lo concerniente a la educación básica, impartirse a todas las personas por igual, promover la paz, el respeto a los derechos humanos, las libertades fundamentales, la tolerancia, el respeto y la solidaridad humana. La decisión sobre el tipo de educación a impartir a los hijos es un derecho de los padres. Debe también capacitar a las personas para participar en la sociedad, favorecer la comprensión, la tole – rancia y la amistad entre las naciones y entre todos los grupos raciales, étnicos o religiosos.

La Observación general N° 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Comité DESC), señala que la educación es el medio primordial para que las personas en situación de marginación económica y social puedan superarla y ser activos participantes en sus comunidades. Según el Comité DESC, hay cuatro características fundamentales que debe tener la educación en todas sus formas:

• Disponibilidad: Que haya suficientes instituciones y programas; edificios apropiados, sanitarios para ambos sexos, agua potable, docentes calificados, materiales, entre otros;

• Accesibilidad: La educación debe ser accesible sin discriminación, materialmente, ya sea por su localización geográfica, de acceso razonable, o por medio de tecnología moderna. También ha de ser económicamente accesible: la educación primaria debe ser gratuita y debe implantarse gradualmente la gratuidad de la secundaria y la superior; • Aceptabilidad: La educación, en forma y fondo, debe ser pertinente, adecuada culturalmente y de buena calidad;

• Adaptabilidad: Debe tener la suficiente flexibilidad para adaptarse a una sociedad en constante transformación y a contextos culturales y sociales distintos.

Para ambos derechos, el Estado tiene tres niveles de obligaciones:

• Respetar: el Estado debe evitar medidas que obstaculicen o impidan el disfrute del derecho; • Proteger: Debe adoptar medidas para evitar que el derecho sea obstaculizado por terceros; • Cumplir: Significa adoptar medidas positivas que permitan disfrutar del derecho. Por ejemplo, medidas para que la educación sea culturalmente aceptable para poblaciones indígenas; formular planes de estudio que reflejen las necesidades actuales de los estudiantes en una sociedad cambiante; construyendo aulas, suministrando materiales de estudio, formando al personal docente.

Habrá que seguir de cerca las propuestas que en torno a estos derechos se incluyan en la nueva Constitución de la Ciudad de México y la dinámica de interacción que tendrán con los ordenamientos federales.

Nota originalmente publicada en Congresistas 

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