Pareciera ser la dinámica connatural a las campañas electorales: todo lo que no venga de uno mismo o de nuestra parcialidad, automáticamente es ocurrencia, demagogia o populismo. Si acaso de las propuestas del otro sobresalen los aspectos negativos, ya que la cuestión deja de ser qué se dice, y la atención recae en quién lo dice. Antes del debate de ideas está la descalificación.

Uno de los múltiples ejemplos que nos ha presentado el proceso electoral que ahora se desarrolla y del que podemos echar mano para ilustrar lo anterior, es la propuesta del Ingreso Básico Universal (IBU) que implica una transferencia monetaria sin condicionalidades, a toda la población en el país. El planteamiento lo hizo uno de los candidatos presidenciales, quien ha señalado lo que considera son sus beneficios, y la posibilidad de financiarlo tanto por un programa de ahorro y austeridad, como por la reorganización del gasto gubernamental, dentro de lo que se incluye el reordenamiento de la política social.

Al momento la información proporcionada por el candidato ha sido escasa, de tal forma que no queda claro cómo se comunicaría el IBU con otras necesarias intervenciones estatales en materia de derechos sociales, o tan siquiera cuál sería el monto de la transferencia. Este insuficiente desarrollo de la propuesta será limitante para la propia campaña del candidato, mas no para el debate de la idea como una opción de instrumento de política social.

Al hacer a un lado el proceso electoral, se tiene que el IBU a lo largo de su historia ha contado con el apoyo de representantes ubicados en sitios distintos del espectro político, lo que le ha significado el ser planteado con finalidades distintas: remedio contra la pérdida de trabajo por el proceso de automatización, medio para desmantelar el estado de bienestar al reducir o eliminar otros programas para el desarrollo social, o como herramienta para reducir la pobreza al evitar la exclusión de sectores poblacionales y posibilitar el acceso a bienes y servicios.

La medida se ha implementado con variantes, de manera temporal y no exenta de dificultades, en países diversos como Canadá, Irán y Finlandia; además se han planteado las alternativas de implementación y sus beneficios para Estados Unidos e India.[1] En México, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) ha retomado la idea del IBU como uno de los posibles componentes de un sistema de protección social que tenga cobertura para toda la población y que prevea la existencia de pisos mínimos para cada una de sus dimensiones de intervención, las cuales habrán de ligarse a los riesgos asociados a las distintas etapas del ciclo de vida.

Dicho sistema fue propuesto originalmente en 2012 y se ha retomado en el Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 ante la persistencia de un sistema de seguridad social en el país inconexo y descoordinado, cuestión que provoca tratos desiguales entre grupos sociales o exclusión, y que a su vez incentiva la creación de más programas, que a pesar de tener el objetivo de cubrir las deficiencias del sistema, no lo logran.[2]

Al considerar los problemas asociados a escasos recursos monetarios, el sistema de protección social proyectado por el CONEVAL propone al IBU (denominado como renta básica ciudadana) como una posibilidad entre otras para incorporarse al sistema y hacer frente a la pobreza por ingreso; que a propósito, entre 2008 y 2016 la población vulnerable por ingresos pasó de 4.7% a 7%.

Aparte del IBU, el CONEVAL presenta como opciones que pudieran ser complementarias: 1) un piso mínimo solidario, cuya diferencia con el IBU es que se puede renunciar a la transferencia monetaria; 2) un programa de empleo temporal universal, que implica salario mínimo a cambio de actividades comunitarias o de infraestructura. El optar implementar alguna de las opciones, se indica, debe pasar por el análisis y la adecuación de la medida a las capacidades y necesidades del país.

La calificación del IBU como populista no aporta nada a ese análisis. Frente a esa simple desacreditación de la medida cabría responder, como propone John Scott, con el planteamiento de una pregunta: “¿qué propones tú hacer que sea viable y con efecto decisivo sobre la pobreza en México?”.[3] Más allá del rédito político que pudiera tener la propuesta o su descalificación, la finalidad es encontrar alternativas de desarrollo por las cuales encauzar a la política social del país, que presenta deficiencias y limitantes en su objetivo por reducir la pobreza.

[1] Sobre el caso en Finlandia véase: https://www.nytimes.com/es/2018/04/30/finlandia-ingreso-basico-universal-desempleo/. Para los demás casos de aplicación, así como para una revisión del debate alrededor del IBU y para acercarse a literatura sobre el tema, véanse los artículos de Dylan Matthews: https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/7/17/15364546/universal-basic-income-review-stern-murray-automation y https://www.vox.com/policy-and-politics/2017/7/20/15821560/basic-income-critiques-cost-work-negative-income-tax.

[2] Para el diagnóstico del CONEVAL sobre el derecho a la seguridad social y su propuesta de sistema de protección social véase el IEPDS 2018, p. 126-143, disponible en: https://www.coneval.org.mx/Evaluacion/IEPSM/IEPSM/paginas/iepds-2018.aspx.

[3] El planteamiento lo hace Scott en el programa televisivo “Espiral”, de Canal Once, en su emisión dedicada a analizar el Ingreso Básico Universal. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=Zffo8PkkwA0.