En el marco de los procesos de democratización es imposible cuestionar el importante papel que han tenido las demandas por la transparencia y la rendición de cuentas en la actuación gubernamental, ambas sustentadas en un derecho humano, el derecho de acceso a la información protegido en el artículo sexto constitucional y en instrumentos internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

De manera más reciente, este esfuerzo por la apertura se ha vinculado a las nuevas tecnologías de la información para dar paso a un concepto que va más allá, el Gobierno Abierto, en donde destacan iniciativas de corte internacional como la Alianza por el Gobierno Abierto (AGA) en la que participan 64 países que buscan que “de manera sostenida, los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos – con el objetivo final de mejorar la calidad del gobierno, así como la calidad de los servicios que reciben los ciudadanos. Esto requiere un cambio de normas y cultura para garantizar un diálogo y colaboración genuinos entre gobierno y sociedad civil”.

México forma parte de dicha plataforma en la que uno de los requisitos para incorporarse “era que además de existir una voluntad expresa de avanzar en la apertura informativa, se delineara una mecánica para que las organizaciones sociales no sólo monitorearan el desarrollo de las acciones, sino que participaran a lo largo de todo el proceso, desde la formulación de las mismas, hasta su ejecución y evaluación.”…

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