Lejos de tintes partidistas y electoreros la aprobación de la Ley de Pensión Universal debe de analizarse en términos de política pública para que a partir de ello pueda establecerse un diálogo basado en argumentos sólidos y no en corazonadas o creencias.

El problema no está en otorgar un apoyo económico a personas con 65 o más años de edad sino en el núcleo duro, o teoría de entrada, de la política pública. Lo anterior se plantea, en la medida en que ésta no tiene un problema público a atender bien definido; son distintos los medios para resolver un problema público asociado a la pobreza y precariedad en que viven muchos adultos mayores, que un problema asociado a la vulnerabilidad física y económica que implica tener 65 o más años y no contar con una pensión de tipo contributivo.

La Ley de Pensión Universal es una política pública mal diseñada y con viabilidad financiera únicamente de corto plazo; por lo que en términos de  costos políticos tanto para la Administración Federal 2012 – 2018 como para las actuales legislaturas de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, saldrán sin daño alguno, ya que al problema de sostenibilidad financiera le deberán dar respuesta próximas administraciones y legislaturas.

La posición del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos es que la Pensión Universal no debiera ser “universal” sino un programa público de apoyo económico que focalice y atienda a los adultos mayores en función de su situación de pobreza, parecido a como fue al inicio con el Programa 70 y más, y a partir de ello caracterizar a la población objetivo en términos de las necesidades particulares de dicho grupo etario por rangos de edadesAsimismo se debe de suprimir los programas de apoyo a adultos mayores estatales, ya que la distribución de recursos es inequitativa, puesto que dependiendo del Estado en que viva la persona varían los montos y tipos de apoyo a recibir.

Es obligación del Estado garantizar un piso mínimo de protección social para que las personas adultas mayores disfruten de una vida digna; sin embargo, no es pertinente otorgar estos recursos a todas las personas por el simple hecho de tener la edad establecida de no recibir pago por concepto de jubilación o pensión. Lo anterior, corre el riesgo de ser un incentivo negativo además de poner el peligro los recursos de la nación en el futuro.

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