A propósito de la discusión sobre el salario mínimo detonada por el documento “Política de recuperación del salario mínimo en México y el Distrito Federal: Propuesta para un acuerdo” presentado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera a la Cámara de diputados, es inevitable dirigir la atención a las condiciones laborales de los 52.084.225 mexicanos que conforman la población económicamente activa (PEA). En este sentido las obligaciones del estado de proteger, garantizar y promover el derecho al trabajo siguen siendo un gran pendiente del gobierno, situación que se ha evidenciado mediante las observaciones y recomendaciones que el comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales – DESC ha hecho a México.

Los derechos económicos, sociales y culturales son derechos humanos que están vinculados con la satisfacción de las necesidades básicas en trabajo, alimentación, salud, vivienda, seguridad social, educación, cultura, agua, y el medio ambiente y como parte de las necesidades básicas relacionadas con el trabajo se incluye el derecho de las personas de contar con un sistema de protección que garantice a cada trabajador su acceso a un empleo con salarios que le aseguren condiciones de vida dignas para ellos y sus familias. Un trabajo que cumpla con estas características se convierte en una llave maestra que posibilita el acceso a otros derechos como seguridad social, educación, cultura, salud y vivienda. Sin embargo, un país donde un trabajador debe ganar 2.5 veces el salario mínimo para acceder a la canasta básica; no es un país que asegure las condiciones para que las familias tengan una vida digna, peor aun cuando el 13% (6.567.928) de la población ocupada sólo gana hasta un salario mínimo y el 24% (12.054,986) entre uno y dos salarios mínimos.

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