En torno a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales (DESCA) se han construido una variedad de mitos que han causado mella en su exigibilidad. Desde la adopción, en 1966, de sendos pactos para los derechos civiles y políticos, por un lado, y para los económicos, sociales y culturales por el otro, se extendió la idea de que podía elegirse entre garantizar unos derechos u otros.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) se adoptaron en documentos separados en gran medida debido a la particular tensión política de aquellos tiempos (la Guerra Fría), en donde unos países, los capitalistas, consideraban prioritarios los derechos civiles y políticos, mientras que los comunistas daban preferencia a los derechos sociales. Polarizado el mundo en dos bloques, se tomó la decisión de hacer textos separados para poder lograr el consenso necesario y tener instrumentos vinculantes de protección de derechos humanos.

Este hecho tuvo mucho que ver en la histórica minusvaloración hacia los DESCA y por tanto, en que se generalizara la creencia de que se trataba más bien de un conjunto de buenas intenciones, de enunciados que han servido para ornamentar constituciones de diversos países, pero no de auténticos derechos, exigibles y justiciables.

Cuando hablamos de exigibilidad nos referimos a un proceso que involucra a aquellos mecanismos sociales, políticos y legales para que las personas reclamemos del Estado el cumplimiento de los derechos de que somos titulares.

La exigibilidad desde el aspecto social persigue la integración de los ciudadanos, -sobre todo de aquellos que viven en condiciones menos favorables- en los procesos de toma de decisiones públicas, con el objeto de empoderarlos y de que tengan papeles activos en la configuración y modificación de sus realidades: es decir, por medio de la incidencia.

Espacios desde los que puede hacer incidencia pueden ser, por ejemplo, movilizaciones y marchas pacíficas, actos simbólicos, formación de opinión pública recurriendo a los medios de comunicación u organización de cabildos populares.

La exigibilidad política busca la colocación de planteamientos en materia de DESCA en escenarios políticos, de manera que los mismos, eventualmente, puedan ser traducidos en leyes y en política social enfocadas a garantizar los derechos de manera integral y para todas las personas.

Finalmente, la exigibilidad legal o mejor conocida como la justiciabilidad, refiere a la posibilidad efectiva de que las personas acudan ante instancias jurisdiccionales a exigir el cumplimiento de sus derechos, y estas produzcan una sentencia obligando a ello si es el caso.

Hay una variedad de concepciones poco exactas en torno a los DESCA que han tenido impacto adverso en la exigibilidad de los DESCA, sobre todo en su justiciabilidad. Por ejemplo, la consideración de que su cumplimiento se da únicamente a través de la actuación positiva del Estado, con gran impacto en el presupuesto público: el derecho a la salud precisa que se construyan centros de salud, que haya abasto de medicamentos, aparatos e instrumental, suficiente personal que brinde el servicio; para que las personas ejerzan su derecho al agua se requiere la instalación de compleja infraestructura para su tratamiento y para hacerla llegar a todas las personas. El Estado debe actuar, debe destinar dinero, tiempo, personal, investigar, gestionar y ejecutar. Ante este complejo panorama, suele ponerse de pretexto la escasez de recursos y postergarse la realización de los DESCA hasta que se haya alcanzado cierto nivel de desarrollo, sin considerarse que la realización de estos derechos, así como los civiles y políticos, tiene una estrecha realización con el desarrollo y la paz de un país dado.

Según esta misma idea, que insiste en establecer diferencias entre la naturaleza de DESCA y los derechos civiles y políticos, refiere a que estos últimos sólo requieren de la abstención del Estado: que no impida la libertad de expresión, que no torture, que se abstenga de causar molestia en las posesiones o en el domicilio de las personas de manera contraria a los requisitos establecidos para ello.

Sin embargo, la anterior manera de entender los DESCA parte de una posición completamente desinformada; en realidad cada derecho civil, político, económico, social, cultural y ambiental implica tanto obligaciones negativas, o de no hacer, como obligaciones positivas, o de hacer. Piénsese en un derecho civil como el derecho a la seguridad, para el que se requiere de infraestructura física, policías, ejército. Hacer efectivo el derecho al voto implica importantes gastos para la financiación pública de los partidos políticos, tribunales especializados, entre otras.

Pensemos ahora en un derecho tradicionalmente adscrito a los DESCA, como el derecho a la salud. Es evidente que tiene una fuerte carga prestacional, sin embargo, tal derecho también significa que el Estado tiene la obligación de abstenerse de actuar en detrimento de la salud de las personas, por ejemplo, limitando el acceso a anticonceptivos o desvirtuar u ocultar información relativa a la salud sexual y reproductiva, o contaminar ilegalmente el agua y la tierra con desechos industriales de instalaciones propiedad del Estado.

Otro argumento muy popular en detrimento de los DESCA es el de la supuesta vaguedad de la que adolecen en sus contenidos y en las obligaciones que derivan de ellos. Ante este endeble pretexto basta revisar los criterios de interpretación generados por los órganos de aplicación e interpretación de los tratados, en este caso, del Comité DESC, que lo es del PIDESC. Estos criterios, denominados Observaciones Generales, establecen con meridiana claridad el significado y alcances de los DESCA, así como las obligaciones que derivan de ellos.

Precisamente el Comité DESC ha establecido tres tipos o niveles de obligaciones: respetar, proteger y cumplir.

La obligación de respetar significa que el Estado no intervenga u obstaculice con su actuar el ejercicio de los derechos. Por ejemplo, cortando el suministro de agua potable de manera discriminatoria e injustificada.

La obligación de proteger se traduce en que el Estado se asegure de impedirle a los terceros, es decir, particulares, grupos o empresas o quienes actúen en su nombre, ocasionar menoscabo en los derechos de las personas. Por ejemplo, el Estado debe tomar medidas para evitar que las empresas viertan desechos tóxicos de manera ilegal en una presa que abastece a una comunidad, y en dado caso,  investigar e imponer las sanciones correspondientes.

La obligación de cumplir implica para el Estado la adopción de medidas que faciliten y posibiliten a las personas ejercer sus DESCA. Esto significa, entre otras cosas, darle a los DESCA suficiente reconocimiento en el sistema legal, adoptar estrategias y políticas públicas para realizar este derecho, asegurar la asequibilidad económica y facilitar el acceso a los DESCA sobre todo en zonas desfavorecidas o marginadas.

Aunado a lo anterior, no podemos soslayar el principio de progresividad establecido en el PIDESC. Este principio significa que, aunque en efecto, la realización de los DESCA es un proceso paulatino que puede tomar bastante tiempo, además de que la situación económica de un país puede significar un obstáculo adicional en tal proceso, los Estados están obligados a adoptar medidas deliberadas, concretas y claramente orientadas a lograr la realización de los derechos, utilizando todos los recursos a su alcance -inclusive acudiendo a la cooperación internacional-, para lograr de manera progresivamente, por todos los medios apropiados, la plena efectividad de los DESCA.

La progresividad implica para el Estado la prohibición de regresividad, es decir, retroceder o dar marcha atrás en las medidas que haya tomado para hacer avanzar el ejercicio de los DESCA y que por causa de esto, se pierda el avance conquistado en la materia.

De esta manera, cuando tenemos claro el conjunto de obligaciones que podemos exigirle a las autoridades, es posible armar una estrategia que combine distintas herramientas: uso de mecanismos jurisdiccionales como el amparo, movilizaciones, cabildeo, denunciar la violación a los DESCA ante organismos públicos de derechos humanos, entre otras más y de las cuales iremos abundando en notas siguientes.