En el marco de una compleja coyuntura política, económica y social, enfatizar la importancia de hacer cumplir los preceptos constitucionales en materia de seguridad alimentaria y acceso universal e irrestricto al derecho a la alimentación es un aspecto inaplazable. Según el más reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) a nivel nacional el número de personas en situación de pobreza fue de 53.3 millones en 2012 (45.5 por ciento), mientras que para 2010 el número era de 52.8 millones (46.1 por ciento). También para 2012, el 23.3 por ciento de la población presentó carencia por acceso a la alimentación en nuestro país.

El derecho a la alimentación  está incluido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (Art. 25) y en los varios tratados internacionales que sobre la materia, y con carácter vinculante, ha signado el Estado Mexicano, entre ellos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC Art. 11). Por tanto, el Estado mexicano está obligado a su cumplimiento. Sin embargo, desde el Observatorio de Política Social y Derechos Humanos, vemos con inquietud que las políticas públicas impulsadas por el gobierno mexicano, como la llamada Cruzada Nacional contra el Hambre, son insuficientes…

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