Por distintos medios se ha anunciado algunos de los elementos que podrían componer la política social del próximo sexenio. Se va de una gama que inicia con el Proyecto de Nación 2018-2024, que dentro de su apartado de política social contiene el Proyecto de Jóvenes Construyendo el Futuro, con planteamiento de objetivos, de sus componentes, de posibles beneficiarios y de presupuesto requerido; hasta llegar a videos como el que refiere el programa de siembra de árboles frutales y maderables, y la transformación de la Secretaría de Desarrollo Social en Secretaría del Bienestar.

Con más o menos información se plantean propuestas que sin duda seguirán en proceso de elaboración antes de su entrada en operación a partir de la toma de posesión del presidente electo.

Independientemente de los instrumentos específicos de intervención que compongan a la política social que se llegue a implementar durante los próximos seis años, sería valioso que esta forme parte de la expectativa de cambio que, en buena medida, le dio la victoria al  entonces candidato a la presidencia Andrés Manuel López Obrador; y por supuesto, que de la expectativa se pase a la realización.

Cambio entendido como una vía de solución a las fallas que han acompañado a la política social: fragmentación programática que hace posible la duplicidad, su uso con fines distintos al desarrollo social, y resultados insatisfactorios en términos de la persistente desigualdad regional con afectación especial en poblaciones indígenas y grupos vulnerables. Resultados, se debe aclarar, en los que la política económica tiene un rol importante. 

El contexto de cambio, más si se piensa en el entorno político favorable a López Obrador por el peso que su partido tendrá en la toma de decisiones (habría que pensar también en el contexto económico y el internacional), puede permitir sacar adelante una agenda importante de mejoras en relación con la política social.

Para la solución de las fallas actuales, mucho más relevante que los programas a implementarse son los principios rectores que habrán de guiar la política social. Así lo plantea Luis F. López Calva al referir los elementos constituyentes de una política social de Estado:

“[…] entendida como el consenso respecto al uso de instrumentos fiscales y normativos con objetivos de equidad, [que] no debería establecer invariabilidad en términos de políticas específicas, sino establecer principios que toda política debe respetar.”1

Como consenso, los principios por los que se debe guiar la política social deberían de construirse con la participación de la diversidad del país, pero queda claro que en la materia no se ha de partir de cero; existen una serie de propuestas, algunas ya con tiempo sobre la mesa: existencia de mecanismos de participación ciudadana en formulación, implementación y evaluación; controles que determinen pertinencia de las intervenciones; generación y empleo de información para la focalización de programas; sustento claro para el financiamiento; e intervenciones que generen incentivos para el cambio de comportamientos en beneficio del bienestar social e individual. Principios que requieren de implementación y coordinación a nivel federal, estatal y municipal.2

Lo que suceda con la política social en un contexto de cambio, por paradójico que suene, en buena medida pasará por su desvinculación de la lógica de política partidista (como ocurrirá en otros ámbitos de la vida pública). De lo anterior se desprende que el principio básico de la política social cuyo cumplimiento se supedita, entre otros, a los principios arriba indicados, deba ser la protección y el disfrute de los derechos humanos establecidos en nuestra Constitución política.

Luis F. López Calva, “Política pública, social y de Estado”, en [coord.] Clara Jusidman Rapoport, Reflexiones ciudadanas sobre la política social, México, 2008, Secretaría de Desarrollo Social, p. 73. Con un cierto modelo de intervención en mente, el autor propone en el mismo texto los principios de qué debe y no debe hacer la política social.

Se retoman ideas de López Calva en la obra citada en la nota anterior. Sobre la carencia de mecanismos de participación y evaluación véase el Informe de Resultados 2018 de la Iniciativa para el Fortalecimiento de la Institucionalidad de los Programas Sociales; y sobre la necesidad de institucionalización del uso de información véase el capítulo cuatro del Informe de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 2018 del CONEVAL. Ambos informes disponibles en línea.

Artículo pubilcado originalmente en el portal Mexican Times:

http://themexicantimes.mx/author/incidemxt/