Los problemas sociales que no se atienden tarde o temprano estallan a los países. En México tenemos grandes rezagos que se complican ante los cambios demográficos, tecnológicos, económicos y sociales del planeta y de nuestra sociedad, se concluyó  el sábado en una  interesante diálogo del Centro Tepoztlán, que mes con mes reúne a académicos  y actores diversos de la sociedad mexicana.

El sábado pasado fueron dos respetadas intelectuales y experimentadas funcionarias públicas  mexicanas, Clara Jusidman y Norma Samaniego, las que advirtieron sobre los riesgos de la evolución  política, económicas y social reciente y la necesidad de atender urgentemente  y con visión estratégica de largo plazo estos desafíos.

A partir de la pregunta: “¿Quién se ocupa hoy del bienestar de las personas?”, Clara Jusidman examinó las cambiantes necesidades de nuestra población  en 4 áreas básicas: materiales, sico-afectivas,  seguridad  y culturales  y el distinto papel que están jugando hoy y jugarán mañana, las familias, la escuela, las iglesias, la sociedad civil organizada, las empresas  y los medios de comunicación para atenderlas. Nuestro déficit, argumentó, es enorme y creciente.

México lleva 30 años bajo un modelo económico y social que privilegia el desarrollo de los mercados y de la inversión privada como motores del crecimiento y subordina la política social a proporcionar seguridad a esa inversión, al logro de estabilidad económica y a intentar compensar algunos efectos sociales negativos del modelo.

El proyecto adoptado conlleva la desestructuración del Estado como proveedor de bienes y servicios públicos para el bienestar y como regulador de los mercados y en cambio, lo transforma en un agente regulador del conflicto social mediante transferencias directas de ingreso a los grupos más pobres de la población. Ello los convierte a su vez en consumidores de bienes y servicios en los mercados.

Otro aspecto del modelo vigente, como lo  destacó con actualizadas  estadísticas y gráficas Norma Samaniego, es el  bajo impacto del patrón económico en la generación de empleos formales, de calidad, en el marco de una gran pérdida del poder adquisitivo del salario iniciada a fines de los 70s, en la que han estado implícitas al menos dos estrategias: el mantenimiento de salarios deprimidos- aún en el sector formal de la economía- para competir globalmente en una economía abierta y la destrucción y el debilitamiento de los sindicatos de trabajadores en el combate distributivo, lo que ha conducido a un deterioro del empleo formal, a salarios cada vez más bajos (1 a 3 salarios mínimos), a la subcontratación en condiciones de abuso y limitada seguridad social (solo 1/3 de los trabajadores).

Las familias -que junto con el mercado y el Estado son agentes proveedores de bienestar- sufren tanto por el lado de sus ingresos, como de sus gastos, así como en su estructura y en su organización. Su papel en la construcción y socialización de seres humanos se ve mermado, dejando crecientes vacíos en el desarrollo físico y sico-emocional de la infancia , la juventud y los marginados, vacíos que no son cubiertos ni por las familias, ni por el Estado, en una sociedad cada vez más desarticulada, en la que no obtienen ya la nutrición, la educación, la  orientación cívica y la seguridad física y emotiva deseables, y en cambio intervienen cada vez más agentes del mercado como son los medios de comunicación- que buscan construir clientes y consumidores y difunden acríticamente violencia y patrones de conducta  negativos-;  las pandillas y muchos mecanismos perversos  de socialización y creación de valores.

Desde hace varias décadas ocurre un desbalance en las responsabilidades del bienestar de las personas entre el mercado, el estado y las familias; desbalance que profundiza la desigualdad, la discriminación, la pobreza, el debilitamiento del mercado interno, la desigualdad y la exclusión y genera un número en aumento de personas enojadas, frustradas y violentas, coincidieron los participantes.

La violencia y la delincuencia que afectan al  país se sustentan en el fondo, en las fallas de un proyecto que no ofrece oportunidades suficientes de empleo, salarios, seguridad y bienestar social y cancela las esperanzas de  millones de jóvenes y mujeres que se incorporan sin respuesta a la nueva sociedad del país. A menos que actuemos coordinadamente y veamos resultados concretos en la lucha contra la corrupción y la impunidad continuará la sociedad de la desconfianza.

¿Qué  expectativas hay en un futuro inmediato? ¿Superaremos  el reto con políticas y acciones de estado que conduzcan a un verdadero pacto? Urgen inversión productiva, crecimiento, generación de  empleos, salarios mínimos y medios al alza, mayor productividad de patronos y trabajadores y una  distribución más justa del ingreso. Ello va más allá de los socorridos cambios estructurales. El debate y la acción compartida son  cruciales en la hora actual de México.

*Director del IIDSES-IBERO y Presidente del Centro Tepoztlán AC.

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