Síntesis de jurisprudencias y tesis aisladas 2015 a 2017

Los asuntos relacionados a la defensa al Derecho a la Salud en los ministerios en el año 2017 integran temas como enfermedades crónico-degenerativas, responsabilidad patrimonial, servicios médicos, principios de igualdad, derecho a la libertad de trabajo y el derecho a la protección a la salud.

Con referencia a las personas con enfermedades crónico-degenerativas, estas pueden ejercer sus derechos-obligaciones de visitas y convivencias para con su hijo(a), a menos de que exista una justificación real de que no es física o mentalmente apto o hay violencia familiar para dicho acto.  En lo que respecta a la responsabilidad patrimonial del Estado por la atención médica irregular prestada en los centros de reinserción social, que motivó la aparición escalonada de enfermedades derivadas del mismo origen, hay que atender a la más alta protección del derecho humano a la salud y exigir el resarcimiento económico de los daños originados por la actividad irregular del Estado.

Por otro lado, el derecho humano a la salud no se viola cuando un trabajador del Estado deja de prestar sus servicios, puesto que el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantiza que los trabajadores conservarán los derechos a servicios médicos por un lapso que no deberá exceder de 3 meses después de dejar de prestar sus servicios.

Los Tribunales de Colegiados de circuito, dictaminaron que el principio de igualdad contenido en el Artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en la prestación de atención medica no se transgrede al hacer requisito que los profesionales de la salud cuenten con título y cédula de especialización otorgada por la autoridad educativa y certificación expedida por el Consejo de la Especialidad, en relación con quienes tienen cédula de maestría, porque los grados no son equiparables. La especialidad se obtiene mediante el Sistema Nacional de Residencias mientras que el grado académico de maestría lo otorga una institución educativa que no forma parte del Sistema Nacional de Residencias, que, si bien tiene reconocimiento de validez oficial, no se sujeta a los mismos procedimientos. En el mismo tono, el derecho a la libertad de trabajo tampoco se transgrede al restringir realizar procedimientos quirúrgicos solo a aquellos profesionales que posean título y cédula de especialización. Al contrario,  es consistente proteger el derecho a la salud de las personas al tener mayor certeza sobre la profesionalización de los médicos.

Por su parte, el séptimo tribunal colegiado en materia administrativa engloba el derecho a la salud  y a la protección de la salud en la resolución de obtener el pleno ejercicio de estos de personas recluidas en los centros de reinserción social, incluso cuando sean farmacodependientes o consumidores de drogas. Así mismo, dictaminan que la corte resolverá si se le brinda atención medica a un miembro de las fuerzas armadas y sus beneficiarios cuando el miembro se le ha dictado el auto de formal prisión por un delito de orden miliar.

En el 2016, el derecho a la salud y derechos humanos a la salud dominaron las aclaraciones que los ministerios hicieron. En primer lugar, se determinó el derecho a la protección de la salud, tanto en su dimensión individual como bienestar general integrado, como en su dimensión social, como el deber del Estado en atender los asuntos de salud que afectan a la sociedad.

El octavo tribunal colegiado decidió que cuando se trata de individuos privados de su libertad, la atención eficiente de su salud debe operar en el contexto regulatorio de los centros de reclusión y de readaptación en donde se encuentran. El tribunal colegiado subrayó, que son obligaciones del estado también, garantizar los derechos humanos a la salud y a un medio ambiente sano, y para que ello se alcance, todos los miembros de la comunidad contraen deberes, pues la actuación unilateral  del Estado resultaría insuficiente. Así, se definió que en caso de que haya una afectación directa a los derechos humanos a la salud y medio ambiente sano, se debe conceder la suspensión provisional respecto de omisiones de las autoridades responsables y adoptar medidas concretas orientadas a satisfacer las obligaciones a la protección de estos derechos.

El noveno tribunal colegiado en materia administrativa del primer circuito resolvió que corresponde al IMSS, en su calidad de parte demandada en el juicio contencioso administrativo, la carga de probar que su personal médico otorgó al paciente una atención médica adecuada a su padecimiento, con el objeto de restaurar su salud, de lo contrario el instituto seria responsable de reembolsar los gastos extrahospitalarios generados. Mientras el primer tribunal colegiado del segundo circuito decidió que, para dar de alta a una persona hospitalizada por varios padecimientos graves, se debe de justificar con los estudios médicos necesarios que su mejoría es integral.

En el 2015, se produjo un amparo de tesis en cuanto a la formas en que las autoridades deben de reparar una vulneración al derecho a la salud de una persona. Pues la autoridad violadora tiene el deber de hacer las reparaciones pertinentes, por ejemplo, establecer un marco normativo adecuado que regule la prestación de servicios de salud, prever mecanismos de supervisión y fiscalización estatal de las instituciones de salud, dar solución inmediata en caso de lesión clara a la integridad física, tomar todas las medidas necesarias para salvaguardar el derecho humano al nivel más alto posible de salud y  otorgar servicios de salud de calidad.

No obstante, el cuarto tribunal colegiado en materia de trabajo del tercer circuito, determino que, para garantizar el derecho a la salud, el IMSS debe suministrar a sus beneficiarios medicamentos que les prescriban, aun cuando no estén incluidos en el cuadro básico de insumos del sector salud.

Se suscitó también un amparo de tesis, que trata acerca del catálogo de estupefacientes y psicotrópicos que constituyen un problema para la salud publica pero que también cuentan con valor terapéutico. Para determinar su ilicitud o no, la corte remedió que se debe de partir  desde los principios de bien jurídico penal, que son lo de un estado democrático y de derecho, para mantener el garantismo en el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

En relación con los servicios de salud, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que las obligaciones del personal médico derivadas de su prestación los hospitales privados no se limitan a las disposiciones del derecho privado. También dictaminó que la existencia de un medico responsable que vigile el desarrollo de los procedimientos que se realicen dentro de un hospital privado hace evidente que la institución trabaja de forma coordinada con sus médicos empleados e independientes. Esta medida ayuda a proteger, promover y restaurar la salud de las personas.

Las tesis y jurisprudencias concernientes al derecho a la salud y a la protección de salud son variadas y en ocasiones se contraponen con otros factores como limitados recursos públicos o con otros derechos como los jurídicos penales. Sin embargo, la salud, como derecho de los individuos están protegidos constitucionalmente por los artículos 1º y 4º; y el estado debe de ser garante de este.

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